En los últimos meses, la transparencia en los operativos migratorios de ICE se ha convertido en un tema crítico en el condado de Los Ángeles, especialmente tras varios incidentes que generaron alarma en las comunidades inmigrantes. Esta semana, la Junta de Supervisores del Condado aprobó una nueva ordenanza destinada a garantizar una mayor claridad y responsabilidad durante las operaciones de las fuerzas del orden en las áreas no incorporadas, según AFP News.
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Los Ángeles protege a inmigrantes en medio de redadas de ICE con nueva ordenanza
La medida, respaldada por un voto de 4-0, prohíbe que los agentes de las fuerzas locales, estatales y federales, incluido ICE, cubran su rostro al interactuar con el público durante las redadas. Además, exige que todos los oficiales porten identificación visible con su nombre y la agencia a la que pertenecen, según AFP News.
Esta regla busca reducir la confusión y el temor durante operativos que involucran a múltiples agencias, asegurando que los residentes puedan identificar a los responsables.
Algunos inmigrantes se quejan de que los agentes de ICE no muestran su identidad.
Detalles clave de la ordenanza del condado de Los Ángeles
Según AFP News, la ordenanza se aplica al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, así como a autoridades estatales y federales. Aunque la medida aún requiere una segunda votación el 9 de diciembre, ya refleja el compromiso del condado con la transparencia.
Las autoridades destacan que la identificación visible y el rostro descubierto ayudan a que los residentes se sientan más seguros y garantizan la rendición de cuentas en los operativos migratorios.
Seguridad de los agentes de ICE vs. derecho del público a la transparencia
ICE y la Patrulla Fronteriza han defendido el uso de máscaras, citando un aumento de agresiones contra sus agentes. Según AFP News, estas agencias sostienen que cubrirse el rostro puede ser una medida de protección necesaria. Sin embargo, en Los Ángeles, el debate se centra en equilibrar la seguridad de los oficiales con el derecho de los residentes a conocer la identidad de quienes realizan los operativos.
De aprobarse de manera definitiva, la ordenanza podría sentar un precedente de mayor transparencia y generar confianza en las comunidades de las áreas no incorporadas.