En los últimos meses, durante la administración de Donald Trump, se puso en marcha una nueva directriz migratoria que amplía las facultades de las agencias de Estados Unidos para rechazar solicitudes de residencia y acelerar procesos de expulsión. La medida se apoya en criterios relacionados con la salud pública, incluyendo la evaluación de posibles enfermedades contagiosas, lo que ha generado debate por su alcance y sus implicancias legales para inmigrantes y solicitantes de visa.

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Cabe precisar que esta regulación, publicada en el Registro Federal, entró en vigor el 31 de diciembre, generando preocupación entre expertos en inmigración y defensores de los derechos humanos.
Medida de Donald Trump amplía deportaciones por nuevo criterio y desfavorece a ciertos inmigrantes
De acuerdo con USCIS, la política permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Justicia (DOJ) considerar los riesgos para la salud pública como motivo suficiente para negar el asilo o la suspensión de la expulsión. Bajo esta norma, los funcionarios de asilo tienen la discrecionalidad de evaluar las solicitudes durante emergencias de salud pública y decidir si procede la retención legal de la expulsión.
En ese sentido, la nueva medida de seguridad permite a las autoridades de EE. UU. rechazar solicitudes de asilo y ampliar las deportaciones por "riesgos inmediatos para la salud pública debido a enfermedades contagiosas".

Activistas inmigrantes consideran xenófobas las medidas por asociar a los extranjeros con enfermedades.
Según USCIS, estas medidas se activaron tras eventos recientes de seguridad, como el tiroteo en Washington atribuido a un ciudadano afgano, que provocaron la suspensión temporal de todas las solicitudes de asilo el 2 de diciembre.
Origen y alcance de la política: de la pandemia a la deportación
La regla tiene su origen en 2020, en plena pandemia de COVID-19, pero su implementación se pospuso varias veces hasta 2025. Según USCIS, aunque actualiza criterios anteriores, la norma mantiene sin cambios las disposiciones prácticas de salud pública y permite a los inmigrantes solicitar la suspensión de la expulsión por persecución en su país de origen, ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.
Sin embargo, la medida introduce prohibiciones obligatorias durante las evaluaciones de "miedo creíble" y no define con claridad qué enfermedades contagiosas se consideran un riesgo suficiente para denegar el asilo.