El uso de la fuera letal por agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) ha sido objeto de una fuerte controversia tras un violento incidente en Minneapolis, donde una mujer falleció luego de recibir un disparo en una operación migratoria.
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El caso ha reavivado el debate sobre los métodos de aplicación de la ley en Estados Unidos y ha generado protestas en varias ciudades del país.
La razón por la que agentes de ICE usan la fuerza letal
La Ley de Estados Unidos y las políticas internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permiten que los agentes usen la fuerza letal únicamente cuando existe una amenaza inminente de muerte o daño grave para ellos o para otras personas. Esta regulación aplica tanto para agentes locales como federales, incluidos los de ICE, aunque su rol principal es la aplicación de leyes migratorias en vez de la policía común.
Esta es la razón por la que agentes de ICE usan la fuerza letal durante operativos migratorios.
En el caso de Minneapolis, las autoridades federales sostienen que el agente disparó porque creyó que su vida estaba en peligro después de que el vehículo de Good se moviera hacia él. Sin embargo, vídeos de testigos y grabaciones del propio agente contradicen esa versión, mostrando que el vehículo aparentemente intentó alejarse del agente y que no hubo un ataque claro hacia su persona.
Qué está generando la controversia y las protestas
La muerte de Good, que era madre de tres hijos y residente local, ha desencadenado una ola de protestas en Minneapolis y otras ciudades estadounidenses, con manifestantes y líderes comunitarios criticando las tácticas agresivas de ICE. Las autoridades locales, incluido el alcalde de Minneapolis, han cuestionado la versión oficial y exigido transparencia en la investigación.
Además, el estado de Minnesota y la ciudad han presentado demandas legales contra el Departamento de Seguridad Nacional y ICE, denunciando detenciones sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza y prácticas que consideran violaciones de derechos civiles. El caso también ha generado un intenso debate legal y político sobre el alcance de los poderes federales en operativos migratorios y su impacto en comunidades locales.