Un tribunal federal en Estados Unidos dictó recientemente una resolución que brinda a los venezolanos enviados a una prisión de gran capacidad en El Salvador la posibilidad de regresar a su país de origen para proseguir con sus procedimientos migratorios, si así lo prefieren. Esta decisión marca una modificación significativa en la manera en que se gestionan los trámites migratorios de ciudadanos latinoamericanos.
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Exigen a Trump que regrese a estos venezolanos a EE. UU. tras ser deportados a la prisión CECOT
'El País' y otros portales internacionales señalaron la última acción que realizó el juez federal de distrito, James Boasberg, quien emitió una orden que obliga al gobierno estadounidense a permitir el ingreso de más de 130 hombres venezolanos que estuvieron detenidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).
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En su resolución, Boasberg no dudó en resaltar que esta situación no habría ocurrido si el gobierno hubiera reconocido previamente los derechos constitucionales de los demandantes antes de su deportación. "Nunca se habría presentado si el gobierno simplemente hubiera reconocido a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente", expresó.
Cabne mencionar que, al respecto, estos hombres fueron devueltos a Venezuela desde El Salvador en julio, en el marco de un intercambio de prisioneros entre ambos países. Muchos de ellos han denunciado haber padecido abusos físicos y psicológicos durante su tiempo en el CECOT.
El juez también informó que el número de hombres que podrían intentar regresar a Estados Unidos sería "probablemente muy reducido". Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y representante de los demandantes, había expresado anteriormente en el tribunal que solo un pequeño grupo de sus clientes podría aceptar esta oferta.
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Bajo este contexto, es importante saber que el juez también ha decidido instruir al gobierno a proporcionar una carta de embarque a cualquier demandante que se encuentre en un tercer país y que solicite un viaje aéreo comercial a Estados Unidos, con los gastos cubiertos por el Estado.
En su resolución, el magistrado cuestionó la razón por la cual los demandantes deberían asumir los costos de su regreso en tales circunstancias. Las partes involucradas en el caso han señalado que cualquier individuo que desee regresar a Estados Unidos será detenido de inmediato mientras se tramitan sus casos de inmigración.
