Un tribunal federal en Washington autorizó un controvertido intercambio de datos fiscales entre distintas agencias gubernamentales, en una decisión que podría afectar directamente a miles de personas con estatus migratorio irregular. La sentencia permite que la información tributaria se emplee en investigaciones relacionadas con la inmigración no autorizada, fortaleciendo la colaboración entre autoridades fiscales y migratorias.
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La resolución judicial representa un respaldo clave a la actual política migratoria federal y ha encendido alarmas entre organizaciones defensoras de derechos civiles. Estas entidades advierten que la medida podría generar temor entre contribuyentes extranjeros y abrir un nuevo frente en el debate sobre la privacidad de datos y el alcance del poder gubernamental.
Luz verde al cruce de información entre IRS e ICE
El panel de jueces determinó que no corresponde, por ahora, bloquear el acuerdo que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas solicitar al Servicio Interno de Impuestos la verificación de nombres y direcciones. Según el criterio del tribunal, la información contemplada en el convenio no estaría protegida por las disposiciones de confidencialidad invocadas por los demandantes.
Tribunal federal avala que el IRS comparta datos fiscales con ICE para operativos migratorios.
En términos prácticos, el IRS podrá cotejar datos fiscales a petición del ICE, facilitando la localización de personas que presuntamente se encuentran en el país sin autorización legal. Para el gobierno, esta herramienta fortalece la seguridad fronteriza y mejora la capacidad operativa en procesos de deportación.
Debate por la privacidad y el alcance del acuerdo
El acuerdo ha generado controversia no solo entre activistas, sino también dentro del propio aparato federal. Críticos sostienen que la cooperación entre agencias podría desalentar a trabajadores indocumentados a cumplir con sus obligaciones tributarias por temor a ser identificados.
Además, recientes revelaciones sobre errores en el manejo de información reavivaron el debate sobre la protección de datos personales. Aunque el gobierno defiende la legalidad del mecanismo, el caso podría seguir escalando en tribunales mientras organizaciones civiles exploran nuevas estrategias legales para limitar el alcance del intercambio de información entre agencias.
