El máximo tribunal de Estados Unidos se apresta a examinar un caso de gran trascendencia en temas de ciudadanía e inmigración: Trump v. Barbara. La decisión que tome podría redefinir la manera en que se entiende el derecho a la ciudadanía para quienes nacen en suelo estadounidense, un principio protegido por la 14.ª Enmienda desde hace más de 100 años.
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¿Es el fin de la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.?
Según N+ Univision, la disputa se centra en si el Poder Ejecutivo puede limitar o eliminar el derecho automático a la ciudadanía de los hijos de padres que se encuentran en el país sin estatus migratorio. Durante más de 150 años, la 14.ª Enmienda ha establecido que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen", pero esta interpretación enfrenta ahora un desafío legal significativo.
La administración Trump sostiene que la frase "bajo la jurisdicción" de la Constitución debe interpretarse como una lealtad política que no pueden otorgar los padres indocumentados, y califica la ciudadanía por nacimiento como un incentivo para la inmigración irregular y el llamado "turismo de nacimiento".
¿Qué decidirá la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento?
Defensores de los derechos civiles han rechazado esta visión, advirtiendo que modificar un derecho consagrado desde el histórico fallo Wong Kim Ark de 1898 "alteraría un principio constitucional fundamental" y podría dejar a toda una nueva generación de niños vulnerables ante la deportación desde su nacimiento.
La Corte Suprema, con su actual mayoría conservadora, se enfrentará a una pregunta clave: ¿puede un presidente, mediante una orden ejecutiva, modificar un derecho que está consagrado en la Constitución? De fallar a favor del gobierno, los hospitales y las oficinas de registro civil tendrían que verificar el estatus migratorio de los padres antes de emitir certificados de nacimiento estadounidenses.
Los argumentos orales del caso están programados para el miércoles 1 de abril de 2026, y se espera que la decisión final se publique a finales de junio de 2026. Hasta entonces, la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho protegido en todo el país.