Una nueva normativa establecida por la administración Trump podría traer repercusiones para muchos inmigrantes en el condado de Kern. Este ajuste legislativo dificulta que un gran número de ellos acceda a la ansiada Green Card, que les permite obtener la residencia permanente en Estados Unidos. La modificación amplía la definición de carga pública, generando un impacto notorio en las comunidades extranjeras.
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EE. UU.: miles perderían la posibilidad de obtener la Green Card en este condado, ¿cuál es el motivo?
Tal como informó '23ABC News Bakersfield', esta norma de carga pública podría ocasionar un antes y un después en los inmigrantes que aspiran a obtener la residencia permanente (Green Card), al evaluar su posible dependencia de la asistencia gubernamental.
Se conoció que los funcionarios de inmigración del condado de Kern realizarán un análisis detallado del historial del solicitante, incluyendo su elegibilidad para recibir ayuda estatal en el pasado. Win Eaton, abogado especializado en inmigración, indicó que este criterio evaluativo es clave para determinar si un solicitante podría requerir apoyo gubernamental en el futuro.
Eaton enfatizó que la norma afectará de manera particular a aquellos inmigrantes que ya participan en programas como Medicare, de los cuales casi la mitad de la población de aquel condado. Además, resaltó que este problema no se limita a California, subrayando la relevancia de los inmigrantes en el crecimiento del país americano.
Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, ha estado trabajando para revertir lo que considera políticas antiinmigratorias implementadas durante la administración Trump.
¿Qué más mencionó el fiscal de California sobre esta nueva normativa?
En una reciente conferencia de prensa, Bonta se pronunció sobre la nueva norma, resaltando que la actual administración del republicano busca penalizar a los inmigrantes por acceder a beneficios a los que sus hijos tienen derecho legalmente.
Para él, el tema va más allá del acceso a la atención médica, precisando que ninguna familia debería verse obligada a elegir entre recibir atención médica, obtener alimentos, contar con un hogar seguro o proteger su camino hacia la ciudadanía. A menos que los tribunales intervengan, la norma regirá el 18 de septiembre.
