El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sigue realizando sorpresivos arrestos en los juzgados de Massachusetts, a pesar de la entrada en vigor de la Ley PROTECT el 3 de noviembre de 2026. Esta legislación estatal prohíbe las detenciones migratorias civiles sin una orden judicial en estos lugares. La situación ha suscitado inquietud entre los defensores de los derechos civiles, quienes sostienen que estas prácticas infringen las normativas diseñadas para salvaguardar a los inmigrantes en la región.

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ICE confirma más arrestos en los juzgados; minimizan la Ley PROTECT en este estado de EE. UU.
Según lo expuesto en WBUR, ICE continúa llevando a cabo las detenciones, ignorando por completo la Ley PROTECT, la cual entró en vigor el 3 de noviembre de 2026, la cual prohíbe las detenciones migratorias civiles sin orden judicial en estos espacios.
Desde el primer día de implementación, se registraron cinco detenciones en tribunales como los de Chelsea, Medford y Peabody, cifra que duplica el promedio diario de 2025. Asimismo, en los primeros diez días de la norma, se documentaron al menos 22 arrestos confirmados, con estimaciones que superan las tres docenas.
Al respecto, organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación, señalando que la presencia de agentes de ICE en los juzgados está generando un fuerte impacto, lo que ha provocado que testigos y víctimas eviten asistir a sus audiencias por miedo a ser deportados.
Es importante saber que la Ley PROTECT, firmada por la gobernadora Maura Healey, busca proteger el acceso a la justicia al prohibir arrestos migratorios en lugares sensibles sin orden judicial. No obstante, ICE ha argumentado que la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE. UU. permite que la ley federal prevalezca sobre las restricciones estatales, defendiendo sus operativos en los tribunales como necesarios y seguros. Aunque el personal de los tribunales ya no entrega detenidos a puerta cerrada, la ley estatal no impide que se realicen arrestos federales en curso.
IMPORTANTE: acciones legales y más
Bajo este contexto, la Ley PROTECT otorga a la fiscal general del estado, Andrea Campbell, la autoridad para presentar demandas o solicitar órdenes judiciales que aseguren el cumplimiento de las restricciones establecidas.
En tanto, organizaciones como Lawyers for Civil Rights solicitaron oficialmente su intervención. La oficina de la fiscal general ha confirmado que actualmente está analizando las alternativas legales para responsabilizar a las autoridades federales y asegurar un acceso seguro a los tribunales.