En una contundente medida judicial, una jueza federal en Maryland emitió una orden que pone en aprietos a la administración del presidente Donald Trump. El fallo exige que se gestione el retorno inmediato de Kilmar Abrego García, un hombre deportado por error a una prisión salvadoreña el mes pasado, donde su vida estaría en peligro.
La acción judicial responde a una demanda al gobierno del jefe de Estado presentada por sus abogados, quienes denunciaron graves riesgos para el afectado. En esta nota te comentamos más al respecto.
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Juez pide a Trump que libere a hombre deportado a El Salvador
Con base en lo expuesto por The Washington Post y El Mundo, la jueza de distrito Paula Xinis ordenó al gobierno de Trump que solicite formalmente al gobierno salvadoreño la liberación y retorno de Abrego García antes de las 11:59 p.m. del lunes. El hombre, casado con una ciudadana estadounidense y residente de Maryland por varios años, fue enviado por error a una mega prisión en su país natal, a pesar de una orden judicial que impedía su deportación.
Según la defensa, Abrego García fue expulsado sin respetar su estatus legal y bajo la amenaza de ser perseguido por pandillas, situación reconocida incluso por el propio gobierno estadounidense, que admitió que su traslado fue un error. Afuera del juzgado, simpatizantes celebraron la decisión con vítores, mientras se leía el dictamen.
La respuesta de los funcionarios de Trump a la medida del juez
En contraste con la urgencia del fallo, representantes del gobierno de Trump afirmaron que Estados Unidos carece de autoridad para traer de vuelta a Abrego García, argumentando que se encuentra bajo custodia del gobierno salvadoreño. Asimismo, pusieron en duda el peligro que el detenido enfrentaría en prisión, indicando que la defensa no ha probado de forma clara la existencia de un riesgo inminente.
Estas declaraciones fueron duramente cuestionadas por el abogado de Abrego, Simon Sandoval-Moshenberg, quien acusó a la administración de “lavarse las manos” frente a la situación. En audiencia ante la jueza Xinis —nominada por el expresidente Barack Obama—, el letrado denunció que el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo para revertir el error ni ha mostrado preocupación por la esposa del detenido ni por su hijo pequeño, un niño autista de cinco años, nacido en Estados Unidos.