Donald Trump ha vuelto a poner en el centro de su agenda política el asunto de la inmigración, presentando una propuesta polémica: la posible aplicación de la Ley de Insurrección de 1807 para enfrentar la migración irregular en Estados Unidos. Esta normativa permite al presidente movilizar fuerzas militares federales dentro del país, y se considera una herramienta para acelerar los procedimientos de detención y deportación de inmigrantes.
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Los críticos alertan sobre los riesgos de militarizar la política migratoria, mientras que los defensores de Trump aseguran que se trata de una respuesta “necesaria” ante la crisis fronteriza. La decisión final está siendo evaluada por los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional.
¿Qué es la Ley de Insurrección?
La Ley de Insurrección, creada en 1807, permite al gobierno federal enviar tropas para colaborar con las fuerzas policiales estatales. Su posible aplicación provocó una gran controversia en Estados Unidos, no solo por los aspectos legales y los límites que podrían establecerse, sino también por su escasa utilización a lo largo de la historia del país.
Además, fue diseñada para otorgar al presidente la autoridad de desplegar fuerzas militares en situaciones donde “agrupaciones o interferencias” impidan que las leyes se apliquen a través de los canales judiciales habituales.
¿Cómo puede ser ejecutada esta ley?
Alcance operativo: permite el uso tanto de tropas regulares como de la Guardia Nacional.
Tareas asignables: desde contener disturbios y garantizar el cumplimiento de fallos judiciales, hasta realizar arrestos y trasladar personas, incluidos migrantes.
Flexibilidad legal: otorga al Poder Ejecutivo un margen de acción amplio que preocupa a expertos legales y miembros del Congreso.