ATENCIÓN, inmigrantes. La gobernadora del estado de Alabama, Kay Ivey, ha firmado recientemente dos leyes que incrementan las restricciones para los inmigrantes que no pueden arreglar su estatus migratorio, lo que ha generado gran controversia. Estas drásticas normativas forman parte de un paquete legislativo que, según sus partidarios, busca proteger la seguridad pública y garantizar la integridad de los procesos electorales en el país americano.
Vale precisar que la implementación de estas leyes se da en un contexto donde la inmigración ilegal continúa siendo un tema crucial en la agenda política, tanto a nivel estatal como federal, según reporta 1819 News, esto luego de la asunción de Donald Trump.
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Las 2 leyes que firmó gobernador de este estado contra la inmigración ilegal
Las leyes SB 63 y SB 158 son las que han sido aprobadas tras intensos debates en el ámbito legislativo, lo que ha limitado la consideración de otras propuestas similares que aún estaban en espera en Alabama. El senador estatal Lance Bell presentó el proyecto SB 63, mientras que la ley SB 158 fue impulsada por el senador Will Barfoot.
Ambas iniciativas han generado una notable polarización en la opinión pública. Los republicanos defienden estas medidas como esenciales para reforzar la seguridad, mientras que los demócratas las critican por su enfoque punitivo, considerándolas innecesarias y perjudiciales para los inmigrantes.
La ley SB 63, firmada por la gobernadora Kay Ivey en Alabama, establece disposiciones centradas en el control biométrico de inmigrantes bajo custodia de las autoridades estatales. Entre las principales medidas se incluye la obligación de las agencias de seguridad pública de recolectar huellas dactilares y muestras de ADN de cualquier inmigrante indocumentado detenido en el estado. Estos datos deberán ser enviados para su análisis y registro en bases de datos tanto nacionales como estatales.
Creación de "Alabama DNA Database Fund"
Vale precisar que, tras la decisión, se resaltó el "Alabama DNA Database Fund", el fondo específico en el tesoro estatal destinado a financiar la implementación de esta ley, cuyo financiamiento se obtendrá a través de nuevas tarifas judiciales: un cargo de 2 dólares en todos los procesos civiles y de 15 dólares en causas penales, que abarcan órdenes de arresto y procesos de incautación.