El Poder Legislativo de Nicaragua ha dado a conocer una reforma constitucional que busca revocar la nacionalidad a aquellos que obtengan una segunda ciudadanía, lo que implica la eliminación de la doble nacionalidad en el país. Esta iniciativa, promovida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se fundamenta en la premisa de que "no puede haber doble lealtad". En una sesión especial celebrada en Niquinohomo, la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime la modificación de los artículos 23 y 25 de la Constitución.
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Esta fuerte reforma es vista como un paso más en el fortalecimiento del control del régimen, en un contexto de represión creciente contra la disidencia. En esta nota te comentamos más al respecto.
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La reforma establece que "quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua". Este argumento ha sido utilizado por el gobierno para justificar la eliminación de la doble nacionalidad, enfatizando que la patria exige un compromiso exclusivo.
Además, los cambios estipulan que los extranjeros que deseen nacionalizarse en Nicaragua deben renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los ciudadanos centroamericanos. Esta medida genera preocupación entre los sectores que abogan por una mayor apertura y derechos para los inmigrantes en el país.
Panorama político y social de Nicaragua
Desde su llegada al poder, Ortega enfrenta críticas por su manejo autoritario del gobierno. Las protestas de 2018, que causaron la muerte de más de 300 personas según la ONU, marcaron un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y la ciudadanía. El régimen califica estas manifestaciones como intentos de golpe de Estado, acusando a actores externos, especialmente a Estados Unidos, de estar detrás de la agitación social.
La reforma sobre la nacionalidad se suma a una serie de medidas que restringen las libertades civiles y políticas en Nicaragua. La represión de la oposición y el control de los medios de comunicación caracterizan al gobierno de Ortega, generando un clima de miedo y desconfianza entre la población.
Impacto y reacciones tras la reforma
La aprobación de esta reforma ha generado reacciones mixtas tanto a nivel nacional como internacional. Mientras el gobierno defiende la medida como un acto de soberanía, críticos y defensores de derechos humanos la ven como un intento más de silenciar a la oposición y consolidar el poder del régimen.
La comunidad internacional expresó su preocupación por el deterioro de la democracia en Nicaragua y el respeto a los derechos humanos.
La reforma sobre la nacionalidad representa un nuevo capítulo en la tensa relación entre el gobierno de Ortega y la sociedad nicaragüense, que continúa buscando formas de resistencia. Para entrar en vigor, la reforma debe ser aprobada en la segunda legislatura del próximo año.