05/07/2025

Ron DeSantis firma ley en Florida que designa a Cuba y Venezuela como "países de preocupación"

Hace un mes

Ron DeSantis firma ley en Florida que designa a Cuba y Venezuela como

La ley CS/CS/SB 768, firmada por el gobernador Ron DeSantis, entrará en vigor el 1 de julio de 2025, imponiendo reglas para proteger el estado de amenazas externas.

La ley CS/CS/SB 768, firmada por el gobernador Ron DeSantis, entrará en vigor el 1 de julio de 2025, imponiendo reglas para proteger el estado de amenazas externas.

El gobierno de Florida sigue avanzando en su estrategia de seguridad nacional. Ahora, con la firma de una novedosa ley que clasifica como países foráneos de preocupación a Cuba, Venezuela y otros, limitará los contratos públicos y supervisará las inversiones relacionadas con estos gobiernos, lo que reforzará la seguridad del estado frente a amenazas de otros lugares.

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La ley CS/CS/SB 768, firmada por el gobernador Ron DeSantis, entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2025, y establece normas estrictas para limitar la influencia de estos países en proyectos estatales y el uso de tecnología en laboratorios públicos.

¿Qué establece la nueva ley firmada por Ron DeSantis y a quiénes afecta en Florida?

Según informa La Nación, la ley CS/CS/SB 768 impide a Florida establecer o renovar contratos públicos con empresas que mantengan vínculos con gobiernos extranjeros catalogados como una amenaza estratégica. Entre los países designados se incluyen China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba y Venezuela.

Además, la ley impone restricciones específicas en el uso de software en laboratorios estatales y exige mayor transparencia en las inversiones que puedan estar relacionadas con estos países.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley en Florida?

Según La Nación, la ley entrará en vigencia el 1 de julio de 2025, momento a partir del cual las autoridades estatales deberán asegurarse de cumplir con las nuevas disposiciones para contratos públicos y regulaciones tecnológicas. Esta fecha marca un plazo crucial para que los organismos gubernamentales y empresas contratistas ajusten sus procesos y garanticen la conformidad con la legislación.

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