Mientras los reflectores se posaban sobre Donald Trump en Florida, en plena inauguración del polémico centro de detención 'Alligator Alcatraz' en una pista aérea de Everglades, en California ocurría algo igual de estratégico, pero mucho más silencioso: el gobernador Gavin Newsom firmaba una ley que podría frustrar los planes del gobierno federal para detener inmigrantes en el estado.
La medida, incluida dentro del presupuesto estatal bajo el nombre de AB 137, contiene una cláusula que, aunque poco comentada, tiene un objetivo claro: prohibir que las prisiones estatales cerradas puedan ser usadas en el futuro por ICE como centros de detención migratoria. ¿Qué más se sabe al respecto? Aquí te comentamos.
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¿Cómo se lleva a cabo esta medida en California?
Según Político, la administración de Newson ya ha cerrado tres prisiones estatales y rescindido el contrato con una prisión privada cerca de Bakersfield. Pero eso no es todo. En mayo anunció el cierre de una prisión más para 2026. ¿Por qué esta ofensiva carcelaria? Porque el peligro es real: muchas de estas instalaciones, actualmente vacías pero mantenidas por California, podrían convertirse en centros de detención para inmigrantes si no se toman medidas legales.
Y así lo hizo Newsom. La nueva ley impide que cualquier prisión cerrada que sea vendida, alquilada o demolida a través de este proceso vuelva a ser utilizada para encerrar personas. Un cerrojo legal que apunta directamente a frenar la expansión de ICE en territorio californiano.
El apoyo a la decisión de Gavin Newsom en el estado de California
Los aplausos no se hicieron esperar. Brian Kaneda, vocero de Californians United for a Responsible Budget (CURB), lo dijo sin rodeos: "Aplaudimos absolutamente al gobernador y a la Legislatura por tomar estas medidas realmente decisivas, tenemos que hacer más, porque esto es una emergencia".
Por su parte, el grupo Kaneda exige que el estado declare las prisiones cerradas como propiedad "excedente", para iniciar su desinversión definitiva y evitar cualquier intento de reactivación federal. En la misma línea, la asambleísta Mia Bonta, una voz clave en la legislatura, también fue enfática: “Estas prisiones se cerraron para ahorrar dinero y apostar por la rehabilitación. No vamos a permitir que se usen para detener a nuestros vecinos inmigrantes sin el debido proceso”