En el actual panorama político de Estados Unidos, las políticas migratorias han adoptado un carácter más estricto. En este contexto, el gobierno federal ha lanzado una propuesta que restringiría los beneficios fiscales para un amplio grupo de inmigrantes, incluyendo a aquellos que residen legalmente y están empleados en el país. Esta iniciativa refleja un cambio hacia un enfoque más severo en cuestiones migratorias, generando preocupación entre las comunidades afectadas por estas medidas.
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Según el anuncio del Departamento del Tesoro, esta medida marca otro paso del Ejecutivo hacia un enfoque más estricto en sus políticas migratorias, aplicadas mediante diversas agencias federales.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. pretende clasificar ciertos créditos fiscales reembolsables como "beneficios federales".
Según Associated Press (AP), el departamento comunicó que "planea reclasificar ciertos créditos fiscales reembolsables como prestaciones públicas federales".
EE. UU. planea cambiar reglas que dejarían sin beneficios fiscales a inmigrantes con y sin documentos
El Departamento del Tesoro informó que busca redefinir una serie de créditos fiscales reembolsables, incluidos beneficios asociados al trabajo, a los hijos o al ahorro, como "prestaciones públicas federales". Esta reclasificación implicaría que muchos inmigrantes con permisos laborales vigentes ya no serían elegibles para recibirlos.
Especialistas en temas fiscales advierten que los beneficiarios de DACA, las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), los trabajadores extranjeros con visa y algunas familias mixtas con hijos ciudadanos podrían ver modificada o incluso anulada su elegibilidad, dependiendo de cómo se redacte la norma definitiva.
El movimiento forma parte del enfoque de "gobierno completo" que caracterizó las políticas migratorias durante la presidencia de Donald Trump y que continúa influyendo en nuevas regulaciones. Según AP, el Tesoro señaló que prepara una normativa que afectará directamente "las partes reembolsadas de ciertos créditos fiscales sobre la renta de las personas físicas".
¿Cuál es el impacto en los inmigrantes que pagan impuestos en EE. UU.?
Datos del Instituto de Tributación y Política Económica muestran que las personas sin estatus migratorio regular ya enfrentan grandes limitaciones: pese a aportar casi 100 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022, no pueden acceder a beneficios clave como la Seguridad Social o Medicare, programas a los que también contribuyen a través de sus salarios.
Críticos de la propuesta consideran que esta medida penaliza a quienes cumplen con la ley fiscal. Daniel Costa, del Instituto de Política Económica, calificó la iniciativa como perjudicial: "Es una idea terrible e injusta negar beneficios fiscales a personas que han pagado impuestos y son elegibles para ellos, únicamente debido a su estatus migratorio", señaló.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la propuesta al afirmar que busca "hacer cumplir la ley" y evitar que "extranjeros en situación irregular reclamen beneficios fiscales destinados a ciudadanos estadounidenses". Además, la agencia solicitó al Departamento de Justicia una reinterpretación jurídica para sustentar la nueva regulación, que entraría en vigor en el año fiscal 2026.
Expertos advierten que la medida afectaría más a inmigrantes legales con permiso de trabajo
Paradójicamente, quienes podrían resultar más perjudicados no serían los inmigrantes indocumentados, sino aquellos que sí cuentan con autorización laboral y han cumplido con sus obligaciones tributarias.
Carl Davis, del Instituto de Tributación y Política Económica, alertó que los cambios perjudicarían a quienes intentan seguir el proceso formal. Según explicó, las personas que se verán afectadas son aquellas que están tratando de hacer lo correcto.
Brandon DeBot, del Centro de Derecho Tributario de la Universidad de Nueva York, añadió que la reinterpretación del Tesoro anula disposiciones muy claras del código tributario, lo que genera preocupación entre expertos legales y economistas, quienes temen que la medida complique aún más la vida de las familias inmigrantes que ya enfrentan múltiples barreras.