El sistema de salud de Estados Unidos enfrenta lo que legisladores describen como una "tormenta perfecta", debido a la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de ocho países.
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La medida, según alertan más de 100 miembros del Congreso, amenaza con dejar al país sin casi un millón de trabajadores con permisos de empleo, entre ellos unos 570.000 inmigrantes protegidos por el TPS que hoy cumplen funciones esenciales en hospitales, centros de enfermería y servicios de atención domiciliaria.
Legisladores advierten un "golpe devastador"
Los países bajo TPS: Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Siria y Venezuela, representan una parte esencial de la fuerza laboral en el cuidado de personas mayores, pacientes crónicos y hogares de enfermería. Los legisladores señalan que los inmigrantes conforman entre el 32% y el 40% de los trabajadores de atención domiciliaria, además del 24% en centros residenciales y el 21% en centros de enfermería, lo que evidencia la dependencia del sistema sanitario de esta mano de obra.
La cancelación del TPS amenaza la atención médica a millones de estadounidenses.
En una carta enviada a la administración Trump, liderada por la senadora Elizabeth Warren, los legisladores advierten que eliminar el TPS mientras se aplican recortes profundos mediante la One Big Beautiful Bill (OBBBA) podría desencadenar un colapso: cierres de hospitales, falta de personal y un aumento de la vulnerabilidad de los pacientes. También alertan que miles de personas quedarían expuestas a la deportación, pese a que todos los beneficiarios del TPS cumplen con estrictas verificaciones de antecedentes.
Preocupación por deportaciones y casos emblemáticos
Organizaciones defensoras de inmigrantes señalan que la narrativa oficial de que la deportación se centra en "criminales" no coincide con la realidad de los beneficiarios del TPS. "Es contradictorio que la administración equipare TPS con criminalidad cuando todos han pasado por controles exhaustivos", afirma Chris Newman, director legal de la Red Nacional de Jornaleros.
Newman representa también el caso de Kilmar Ábrego García, un trabajador de Maryland deportado injustamente a El Salvador y posteriormente ordenado a regresar por un tribunal federal. Aun así, la administración continúa intentando expulsarlo nuevamente y lo mantiene en un centro de detención en Pensilvania, un ejemplo que, según activistas, ilustra el riesgo que enfrentarían miles si el TPS desaparece.
¿Qué puede significar para los pacientes?
La falta de trabajadores, especialmente en enfermería y atención domiciliaria, podría incrementar errores médicos, retrasos en diagnósticos, caídas, negligencias y mayor mortalidad, según investigaciones citadas en la carta. Esta disminución de personal también generaría un efecto dominó, colapsando hospitales, centros de rehabilitación y servicios de emergencia.
De momento, los legisladores esperan respuesta de los departamentos de Seguridad Nacional, Salud y Trabajo. Mientras, organizaciones migratorias y sectores del sistema de salud mantienen la presión pública para evitar que el cambio se concrete.