Una resolución extraordinaria comenzó a sacudir al sector del transporte pesado en Texas y ya genera consecuencias visibles en carreteras, depósitos y centros de distribución. En solo noventa días, miles de camioneros quedaron fuera de circulación tras perder la habilitación necesaria para operar vehículos de carga. El alcance de la medida no se limita al plano individual. La salida forzada de casi 6.000 choferes del sistema amenaza con tensar la logística estatal y afectar una industria clave para la economía texana. El motivo: un cambio abrupto en los criterios para conservar la licencia comercial.
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Alerta en las rutas: qué cambió para los conductores de camiones
Desde comienzos de septiembre, una directiva federal de carácter urgente ordenó reforzar los controles migratorios asociados a las licencias CDL. A partir de esa instrucción, el Departamento de Seguridad Pública de Texas inició un proceso de revisión masiva que terminó con la recategorización de miles de permisos.
La medida pone en jaque al transporte de carga.
En la práctica, las licencias comerciales fueron reducidas a autorizaciones de clase C, válidas solo para automóviles particulares. El resultado es inmediato: quienes antes transportaban carga pesada ahora están legalmente impedidos de hacerlo, incluso si son dueños de sus camiones y trabajan de manera independiente.
Quiénes quedaron excluidos del sistema de licencias comerciales
La disposición afecta de manera directa a conductores que no cuentan con ciudadanía estadounidense ni residencia permanente. Bajo la normativa provisional, ya no pueden acceder ni renovar una licencia comercial quienes pertenecen a los siguientes grupos migratorios:
- Personas solicitantes de asilo
- Refugiados
- Beneficiarios del programa DACA
- Titulares de Estatus de Protección Temporal (TPS)
Las cifras oficiales confirman la magnitud del impacto: hasta el 7 de diciembre, el número de licencias degradadas se acercaba a las 6.000 en todo Texas, y el conteo continúa en aumento.
Consecuencias inmediatas: trabajo perdido y camiones detenidos
Para los choferes afectados, la pérdida de la CDL va mucho más allá de un cambio administrativo. Significa viajes cancelados, ingresos suspendidos y compromisos financieros en riesgo. Muchos habían invertido grandes sumas en capacitación, exámenes, trámites y en la compra de unidades de carga que hoy permanecen inmovilizadas.
Varios camioneros relatan que descubrieron la revocación durante controles de rutina, cuando agentes les informaron que ya no estaban habilitados para seguir circulando. Al acudir a oficinas del DMV, recibieron notificaciones formales del DPS confirmando la inhabilitación por su estatus migratorio. En situaciones más graves, las autoridades retuvieron los camiones, profundizando el golpe económico de forma inmediata.
Tensión creciente y advertencias para la cadena de suministro
Aunque se reconoce que la decisión responde a una orden federal y no a una iniciativa local, el malestar entre los conductores va en aumento. Distintos colectivos evalúan protestas frente a dependencias oficiales y advierten sobre un posible colapso laboral en el sector. Representantes del transporte alertan que la escasez de choferes habilitados podría impactar en la cadena de abastecimiento, especialmente en un estado estratégico como Texas, donde el movimiento de cargas es vital para el comercio nacional e internacional.