Estados Unidos puso en marcha una de las exigencias migratorias más severas de los últimos años. Ciudadanos de 13 países deberán disponer de hasta 15.000 dólares para iniciar el trámite de una visa de no inmigrante, una condición que ya despierta fuertes críticas a nivel internacional.
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La medida forma parte de un esquema de control que apunta a reducir las estadías irregulares, pero que, en la práctica, introduce una barrera económica difícil de superar para miles de solicitantes.
Ciudadanos de 13 países enfrentan un requisito económico casi imposible de cumplir.
Cómo funciona el sistema de fianzas para visas
La política, impulsada durante la administración de Donald Trump y ampliada recientemente, obliga a ciertos solicitantes a depositar una fianza reembolsable antes de avanzar con la entrevista consular para visas B-1/B-2, destinadas a turismo o negocios.
El dinero no garantiza la aprobación del visado. Solo se devuelve si el solicitante cumple estrictamente las condiciones del viaje, como abandonar Estados Unidos dentro del plazo autorizado, o si la visa es rechazada.
Los países alcanzados por la medida en 2026
El programa piloto comenzó en 2025 con Malawi y Zambia, países señalados por sus altos índices de permanencia irregular. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2026, el Departamento de Estado de EE. UU. amplió la lista.
Ahora también están incluidos Bhután, Botsuana, República Centroafricana, Guinea, Guinea-Bisáu, Namibia y Turkmenistán, entre otros, elevando a 13 el total de naciones afectadas. La mayoría se ubican en África, lo que intensificó las críticas por un posible sesgo económico y regional, según reportes de AP News.
Críticas y efectos internacionales
Organizaciones de derechos humanos y especialistas en migración advierten que exigir sumas tan elevadas convierte la visa en un privilegio inaccesible para ciudadanos de países con menores ingresos. Aunque el dinero sea reembolsable, contar con esa cantidad de efectivo de antemano resulta inviable para muchos.
Además del impacto individual, algunos gobiernos expresaron preocupación por las consecuencias diplomáticas, el turismo y los intercambios comerciales. Informes de Newsweek señalan que la medida se complementa con controles más estrictos, como revisiones de redes sociales, antecedentes de viajes y entrevistas obligatorias.
La política de fianzas se inscribe en una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio de Estados Unidos, en medio del debate interno sobre seguridad fronteriza, control de visas y prevención de la inmigración irregular.
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