Una reciente decisión judicial en Estados Unidos brinda un respiro a miles de inmigrantes de América Latina y el Caribe. La jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, emitió una orden temporal que impide la finalización de los programas humanitarios de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. La medida detiene así la suspensión que había anunciado la Administración del presidente Donald Trump el mes pasado.
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Según la Agencia EFE, la resolución busca proteger los derechos de los migrantes mientras se revisan los argumentos legales presentados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Jueza impide a EE. UU. poner fin al programa de reunificación familiar de inmigrantes
El fallo, emitido el sábado y divulgado el domingo, otorga una moción de emergencia a quienes se ven afectados por la finalización de los programas humanitarios de reunificación familiar, suspendiendo temporalmente por 14 días las nuevas restricciones del DHS anunciadas el 12 de diciembre. La jueza Talwani señaló que, sin esta medida, los demandantes sufrirían un daño irreparable y que, al evaluar los intereses de todas las partes, la orden era necesaria.
Este programa, conocido como Family Reunification Parole (FRP), fue implementado durante la administración de Joe Biden y permite que inmigrantes de estos países se reúnan con sus familiares en Estados Unidos mientras esperan la aprobación de visas o completan sus trámites migratorios.
Según estimaciones de los abogados de los afectados, la suspensión de este beneficio habría afectado a entre 10.000 y 15.000 personas, muchas de ellas niños.
DHS enfrenta controversia y deberá presentar su defensa
La administración de Trump justificó la cancelación del FRP alegando que algunas personas se habrían beneficiado del programa sin seguir los procesos migratorios tradicionales. Ahora, el DHS tiene hasta el próximo martes para presentar documentos que respalden su posición y presentar una apelación ante la corte.
Mientras tanto, el fallo temporal garantiza que los beneficiarios del programa puedan permanecer legalmente en Estados Unidos, evitando separaciones familiares que afectarían de manera significativa a menores y a adultos dependientes. La decisión refleja la tensión entre las medidas migratorias restrictivas y la protección de los derechos humanos fundamentales.