En medio de un clima de tensión creciente en Estados Unidos por las políticas migratorias, la administración Trump enfrenta resistencia de autoridades locales y estatales ante sus planes de expandir los centros de detención de inmigrantes en comunidades de todo el país.
A fines de diciembre, ICE tenía casi el doble de detenidos que al inicio de Trump: más de 70,000.
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Según The Associated Press, funcionarios federales buscan nuevos lugares para albergar a miles de inmigrantes detenidos, incluyendo cárceles, almacenes adaptados y complejos privados, como parte de un proyecto de expansión multimillonario.
Gobierno de Trump destina 45.000 millones de dólares para detener a inmigrantes en almacenes y antiguas cárceles
La iniciativa de la Casa Blanca contempla un gasto de 45 mil millones de dólares para ampliar las instalaciones de detención, financiado con la reciente ley de reducción de impuestos, según informó The Associated Press.
El gobierno federal ha recorrido numerosas ciudades y condados en busca de lugares que permitan retener a los inmigrantes mientras se implementa esta expansión masiva. Sin embargo, la estrategia se ha enfrentado a una fuerte oposición local.
Por ejemplo, la propuesta de un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al norte de Richmond, Virginia, provocó que cientos de residentes asistieran a una tensa audiencia pública ante la Junta de Supervisores del condado de Hanover.
Los recientes tiroteos fatales de Renée Good y Alex Pretti por parte de agentes federales de inmigración en Minneapolis también han intensificado el escrutinio sobre el ICE y sus planes de nuevas instalaciones.
Resistencia local a los centros de detención de ICE
El rechazo a los nuevos centros de detención se ha manifestado en varias ciudades. En Kansas City, Misuri, los funcionarios locales aprobaron con rapidez una ordenanza para bloquear la instalación propuesta.
Por su parte, los alcaldes de Oklahoma City y Salt Lake City señalaron que los permisos de construcción generan preocupación y confirmaron que los propietarios de instalaciones privadas "no venderán ni alquilarán sus locales para la detención de inmigrantes", según informó The Associated Press.
Esta resistencia refleja un choque entre la agenda federal de seguridad migratoria y la oposición de las comunidades locales, que buscan proteger su entorno frente a la presencia de grandes centros de detención.
