Los Angeles Times y la organización FWD.us confirmaron una expansión sin precedentes de la colaboración entre agencias policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). A través de un reciente informe se confirmó que la participación en el programa 287(g) se ha multiplicado de gran manera, lo que ha generado gran preocupación a nivel internacional.
Más de 13 000 policías se convirtieron en agentes de inmigración, según un informe.
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Informe revela que ICE convierte a más de 13 mil policías en agentes de inmigración
El documento, citado textualmente por el Los Angeles Times, señala que "la participación en el programa 287(g) de ICE creció más de un 900 por ciento durante el segundo mandato de Donald Trump", un aumento que convirtió a cientos de departamentos policiales en agentes de control migratorio. Según el análisis, más de 760 agencias locales ya se sumaron al esquema de colaboración, conocido como Task Force Model, el cual resultaba controvertido y ampliamente desacreditado.
Este crecimiento permitió que entre 13,800 y 15,800 oficiales de policía y alguaciles recibieran autoridad para aplicar la ley migratoria, una cifra que supera con creces las nuevas contrataciones directas de agentes por parte de ICE, que rondaron los 12,000 empleados durante el mismo período.
Financiamiento federal impulsa la expansión del control migratorio local
Históricamente, ICE financiaba únicamente la capacitación y la tecnología para los departamentos que participan en el programa 287(g). Sin embargo, según el Los Angeles Times, bajo la nueva administración, ahora también cubre salarios completos, horas extra, costos iniciales y posibles bonificaciones por arrestos de inmigrantes, otorgando incentivos económicos a los agentes por las detenciones.
Este cambio de estrategia está teniendo un impacto financiero significativo en las fuerzas del orden locales. El informe indica que al menos 137 millones de dólares ya se han distribuido entre las agencias participantes y proyecta que, con base en la inscripción actual, el financiamiento podría alcanzar entre 1,400 y 2,000 millones de dólares en 2026. Asimismo, si las incorporaciones continúan, esa cifra podría elevarse a 3,400 millones en 2027, lo que permitiría financiar aproximadamente a 29,000 oficiales con autoridad migratoria en todo el país.
Felicity Rose, vicepresidenta de investigación y política de justicia penal en FWD.us, explica que este nivel de inversión es significativo: "Esto sería, con mucho, la mayor inyección de fondos federales en las fuerzas del orden locales desde los subsidios COPS de los años 90, que aumentaban los arrestos de bajo nivel sin generar un impacto significativo en la delincuencia", subraya el análisis publicado por el Los Angeles Times.
