El panorama de la asistencia social en Estados Unidos está a punto de experimentar un cambio significativo. Durante los próximos años, el Gobierno federal transferirá más responsabilidades a los estados, que deberán ajustarse al aumento de los costos de programas esenciales como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Esta transición se produce en un momento en que muchas jurisdicciones estatales aún enfrentan presupuestos ajustados debido a los desafíos económicos derivados de la pandemia de COVID-19.
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Según Spectrum News, las decisiones que tomen los estados en 2026 podrían afectar directamente a millones de estadounidenses que dependen de estas ayudas.
Los estados de Estados Unidos tomarán decisiones importantes sobre el programa SNAP en 2026
El próximo año será crucial para definir el futuro de la red de seguridad social a nivel estatal. Tras la promulgación de una ley de gran alcance firmada por el presidente Donald Trump, los estados deberán evaluar cómo gestionar el aumento de los gastos y decidir si compensan los recortes de fondos federales mediante nuevos impuestos locales.
Además, algunos estados podrían considerar ajustes en los impuestos sobre propinas, las horas extras u otros conceptos laborales para cumplir con los lineamientos de la nueva legislación.
Tim Storey, director ejecutivo de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, advirtió a Spectrum News: "Se avecina una gran tormenta para los presupuestos estatales… y afectará a casi todos los estados. Esto implicará tomar decisiones difíciles".
La temporada de sesiones legislativas, que comienza en enero, será el momento en que gobernadores y legisladores presenten propuestas que definirán cómo se implementarán estas medidas.
¿Cómo afectará a los beneficiarios de SNAP?
Actualmente, el programa SNAP, que ayuda a aproximadamente 42 millones de estadounidenses a comprar alimentos, es financiado casi en su totalidad por el gobierno federal, mientras que los estados solo cubren los costos administrativos. Durante el año fiscal 2024, el gasto federal en SNAP alcanzó los 94.000 millones de dólares.
Sin embargo, con la transferencia de responsabilidades, los estados tendrán que asumir una mayor parte del financiamiento y la gestión del programa, lo que podría complicar la distribución de beneficios para algunos participantes. Aunque muchos estados todavía disponen de reservas financieras, estas nuevas cargas llegan justo cuando enfrentan presupuestos más ajustados que en años recientes.
Los expertos advierten que estos cambios no solo afectarán a los estados, sino también a millones de familias que dependen del programa SNAP para cubrir sus necesidades básicas.