El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Noveno Circuito suspendió la aplicación de la "No Vigilantes Act" de California, ley que obligaba a los agentes del ICE y otras agencias federales a portar identificación visible durante los operativos en contra de los inmigrantes.
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La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, calificó la suspensión como una "victoria judicial clave" para proteger a los agentes federales que arriesgan su vida en los operativos diarios.
Reacciones de la administración y defensores de inmigrantes
"Los abogados luchan a diario en los tribunales para proteger a las fuerzas del orden, y acabamos de conseguir otra victoria clave", aseguró Bondi, destacando que el fallo protege a los "valientes hombres y mujeres en el campo" y que no se detendrán en la lucha contra leyes que consideran injustas en California y en todo el país.
Agentes federales podrán ocultar placas tras fallo del Noveno Circuito en California.
Sin embargo, la decisión ha provocado preocupación entre grupos de inmigrantes, que advierten que permitir a los agentes ocultar sus placas durante redadas podría aumentar la sensación de vulnerabilidad y riesgo en la comunidad.
La ley de Newsom y antecedentes del fallo
La "No Vigilantes Act" fue firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre del 2025 y debía entrar en vigor el 1° de enero, junto con la "Ley de No a la Policía Secreta", que prohibía el uso de mascarillas por parte de agentes del ICE y otras autoridades. Tras ello, la administración Trump presentó una demanda en noviembre, alegando que la medida ponía en peligro la seguridad de los oficiales y violaba la Constitución:
"Las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley no pueden ni quieren cumplir con dichas normativas. Son inconstitucionales e ignoran imprudentemente la seguridad de los agentes y las necesidades operativas federales", indicó la denuncia.
A principios de febrero, la jueza federal Christina Snyder, designada por Bill Clinton, emitió una orden bloqueando la prohibición de mascarillas, argumentando que la ley discriminaba al gobierno federal frente a agentes estatales y violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución. No obstante, Snyder señaló que la ley podría superar la prueba constitucional si se ampliara también a agentes estatales y locales.