El Departamento de Trabajo (DOL) de Estados Unidos modificó recientemente la política de salario mínimo del programa de visados H-2A, reduciendo el costo salarial para los empleadores agrícolas que contratan personal bajo esta iniciativa. La medida ha generado un intenso debate entre sindicatos y organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores inmigrantes.
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DOL beneficia a empleadores y reduce salarios a este grupo de personas
Los cambios, anunciados el 2 de octubre del año pasado, se justifican por la dificultad de encontrar mano de obra legal disponible y el cese casi total de la afluencia de trabajadores extranjeros ilegales, lo que afecta la producción agrícola y la estabilidad de los alimentos en EE. UU.
Bajo esta nueva regulación, el DOL utilizará únicamente la encuesta de Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales (OEWS) para determinar la Tasa Salarial de Efecto Adverso (AEWR). El salario se calcula según el mercado, estado y nivel de habilidad del trabajador:
El DOL reduce ingresos a un grupo de trabajadores en EE. UU. y beneficia a sus empleadores.
- Nivel I (entrada): puestos que no requieren educación formal ni experiencia significativa.
- Nivel II (experimentado): trabajadores con conocimientos o habilidades adquiridas por educación, capacitación o experiencia previa.
Otra modificación clave es el Ajuste de Compensación Adversa H-2A, que permite a los empleadores reducir la tarifa horaria de los trabajadores que reciben vivienda gratuita, disminuyendo los salarios entre US$1 y US$3 por hora, lo que implica ingresos reducidos de hasta US$13,45 por hora en algunos estados.
Beneficios y críticas de la reforma
Según el DOL, esta reducción permitirá aumentar la disponibilidad de visas H-2A y contratar hasta 119.000 trabajadores adicionales, pasando de 383.000 a 502.000 empleados proyectados. Los cambios también crean oportunidades para nuevos trabajadores que de otro modo no podrían acceder a empleo agrícola legal.
Sin embargo, sindicatos como la Unión de Campesinos de América (UFW) han criticado duramente las modificaciones. Teresa Romero, presidenta del sindicato, señaló que estas medidas desplazan a trabajadores nacionales y exponen a la nueva mano de obra a abusos. Además, estudios estiman que los recortes salariales implican una pérdida de US$2.000 millones anuales para los trabajadores.