Miles de inmigrantes latinoamericanos han invertido años y dinero en la esperanza de conseguir una visa, un permiso de trabajo o la residencia permanente en Estados Unidos. Sin embargo, un informe del Instituto Cato, elaborado por David J. Bier, denuncia que el gobierno ha convertido la burocracia migratoria en un engaño estatal, cobrando tarifas jugosas por solicitudes que no procesa y que eventualmente termina cancelando.
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La investigación revela que más de 1,2 millones de trámites están congelados en un limbo administrativo, afectando principalmente a cubanos, venezolanos y haitianos, mientras el Estado acumula cerca de mil millones de dólares en tarifas sin brindar los servicios correspondientes. La situación ha generado indignación entre las comunidades migrantes, que ven cómo su dinero y tiempo se desperdician sin respuestas claras.
Fraude en trámites migratorios y cobro de tarifas
El informe del Instituto Cato describe un sistema donde las autoridades federales aceptan dinero de los solicitantes, pero no procesan ni resuelven las solicitudes. Esto incluye permisos de trabajo, ajustes de estatus, asilos, visas y naturalizaciones que permanecen en cajones administrativos mientras los fondos recaudados engrosan las arcas públicas.
El gobierno de EE. UU. cobra jugosos montos por solicitudes que no procesa y cancela.
David J. Bier califica la situación de "fraude masivo", señalando que el gobierno mantiene viva la ilusión de un trámite en curso, sin informar a los solicitantes sobre bloqueos, cancelaciones o retrasos indefinidos. Para muchos migrantes, esto significa años de espera y gastos sin ningún beneficio tangible.
Bloqueos legales y arquitectura administrativa
El estudio identifica tres mecanismos que perpetúan este engaño:
- Proclamaciones presidenciales que restringen la entrada de ciudadanos de 40 países, incluyendo Cuba, Venezuela y Haití, cerrando vías familiares y laborales.
- Memorandos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que congelan nuevos casos y pueden revocar permisos ya aprobados.
- Suspensión de visas para decenas de países bajo la justificación de “carga pública”, dejando a los solicitantes sin acceso a sus trámites.
Según el informe, estas políticas aseguran que miles de migrantes paguen tarifas por servicios que nunca recibirán, generando un ciclo donde la esperanza del migrante se convierte en un recurso financiero para el Estado, mientras sus solicitudes son canceladas o bloqueadas indefinidamente.
