La alcaldesa de Doral, Florida, habló sobre los recientes operativos migratorios realizados en la ciudad y explicó que las intervenciones no se estarían concentrando en un solo sector de la población. En declaraciones a Telemundo 51 Miami, la funcionaria indicó que entre las personas afectadas habría tanto inmigrantes con estatus regular como quienes no cuentan con la documentación exigida para permanecer en Estados Unidos.
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Christi Fraga, alcaldesa de Doral, aclara la colaboración policial con ICE
Frente a la creciente alarma entre los miembros de la comunidad hispana, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, salió al paso para aclarar la postura y el nivel de involucramiento del departamento de policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En una entrevista concedida al espacio Encuentro Virtual de Telemundo 51 Miami, la funcionaria enfatizó tajantemente: "Nuestra policía no ha colaborado con ICE en ninguna redada".
Fraga buscó llevar tranquilidad a las familias trabajadoras al asegurar que los efectivos municipales no recibieron capacitaciones específicas ni ejecutaron arrestos coordinados con los agentes federales. En sus declaraciones para Telemundo 51 Miami, dirigió un mensaje directo a la población inmigrante de la zona: "No deben tener ningún miedo de nuestro departamento de policía". Asimismo, detalló que las agencias federales operan de forma independiente, sin avisar previa ni posteriormente a la administración municipal sobre sus intervenciones en el área.
La presión del gobernador Ron DeSantis y el futuro de las políticas migratorias
Al ser cuestionada directamente por la periodista Gloria Ordaz sobre los motivos que la llevaron a suscribir la alianza con las autoridades migratorias, la líder local denunció haber actuado bajo la coerción de las más altas autoridades del estado de Florida. La alcaldesa de Doral sostuvo que acató la normativa por temor a severas represalias institucionales, señalando explícitamente al gobernador Ron DeSantis y al fiscal general de la entidad. Fraga explicó que se les advirtió a los funcionarios electos que podrían ser destituidos de sus cargos y que las fuerzas del orden locales arriesgaban la pérdida de sus acreditaciones oficiales si rechazaban el acuerdo 287(g).
Ante las insistentes peticiones de renuncia por parte de activistas comunitarios y la exigencia de romper el pacto con la agencia federal, la regidora prefirió no tomar una postura definitiva de inmediato. Manifestó que envió una consulta formal al fiscal general del estado para exigir aclaraciones jurídicas sobre por qué otras jurisdicciones no firmaron el documento sin recibir castigos. La alcaldesa reiteró que ha expuesto estas inquietudes directamente en la Casa Blanca y ante el presidente Donald Trump, visibilizando la dura realidad de la comunidad venezolana local. Por ahora, la permanencia de Doral, Florida, en este esquema normativo permanece bajo evaluación a la espera de un dictamen oficial.
